En Argentina, un grupo de organizaciones no gubernamentales, nucleadas en Agenda Transparencia sintetizó la problemática que oscurece la relación del Estado con la ciudadanía, en 12 propuestas:
- Ley de Acceso a la Información Pública
- Independencia del Poder Judicial
- Reforma electoral
- Regulación de la publicidad oficial
- Lucha contra la corrupción
- Organismos de Control
- Gobierno Abierto
- Transparencia del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
- Congreso Abierto
Agenda de Transparencia para Argentina
Fuente: http://agendatransparencia.org/
- Ley de Acceso a la Información Pública
Celebramos la media sanción para la Ley de Acceso a la Información Pública, pero nos preocupa la inclusión de un inciso con excepciones.
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, y que sufrió numerosas modificaciones a partir del aporte de distintas fuerzas políticas y de diversos sectores sociales durante el proceso parlamentario.
El proyecto aprobado contiene avances significativos hacia la vigencia efectiva del derecho a la información pública, reconocido en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Entre los aspectos destacables, pone en cabeza de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público el deber de brindar información a cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar interés alguno. Esa obligación se extiende a entidades privadas que manejen fondos públicos, a empresas concesionarias de servicios públicos, a las sociedades con participación estatal y a otros sujetos. Por otra parte, el Estado queda obligado a implementar políticas de transparencia activa, en línea con la idea de gobierno abierto, según la cual los sujetos alcanzados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, información como la siguiente: nómina de autoridades, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado de cada área, transferencias de fondos, listado de contrataciones y obras públicas, informes de auditorías, permisos y concesiones, declaraciones juradas, entre otras.
Asimismo, crea la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como organismo dentro del Poder Ejecutivo a cargo de asegurar la correcta implementación de la ley y obligar a los organismos a brindar información cuando se negaran injustificadamente. El proyecto ordena la creación de órganos similares en los otros poderes del Estado. En relación a la AAIP, un grupo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas habíamos planteado la necesidad de asegurar condiciones para su independencia, por medio de la intervención del Congreso en la designación y remoción de su titular (ver “El órgano de control de la Ley de Acceso a la Información debe ser independiente”). Durante la sesión de ayer fue modificado el mecanismo de remoción del titular de la AAIP, y se estableció la intervención vinculante de una comisión parlamentaria bicameral. Si bien no hubo cambios en relación a la designación, la modificación introducida representa un avance para la independencia de la AAIP y una mejora sustantiva del dictamen inicialmente aprobado en comisión.
Sin embargo, vemos con preocupación la incorporación a último momento del inc. “m” al artículo 8 del proyecto sobre el régimen de excepciones, que deja fuera del alcance de la ley a la “información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”. Esta regulación resulta inconstitucional, en tanto excluiría a importantes empresas con participación estatal, como YPF, sobre la que la Corte Suprema reafirmó en un reciente fallo que se encuentra alcanzada por la obligación constitucional de proveer información. En consecuencia, celebramos el avance de la discusión sobre el acceso a la información pública en Argentina y esperamos contar pronto con una ley nacional acorde con los estándares internacionales y constitucionales sobre la materia.
- Independencia del Poder Judicial
¿Por qué es importante?
La integración actual del Consejo de la Magistratura es desequilibrada, permitiendo la preeminencia de un sector sobre el resto, lo cual puede obstaculizar su independencia.
Esta situación muchas veces genera discrecionalidades y cuestionamientos en el proceso de designación de jueces, dependiendo los nombramientos del poder político de turno.
El régimen de procesos disciplinarios es una herramienta importante para controlar el desempeño de los jueces, pero la falta de transparencia vigente admite su utilización para presionar a los jueces.
La generación de instancias de participación ciudadana, acceso a la información y rendición de cuentas en el ámbito judicial contribuye a una mayor transparencia y, por lo tanto, a una mayor independencia.
A partir del 11 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasará a integrarse sólo por tres miembros, cuando legalmente debería tener 5.
¿Qué proponemos?
Integración de las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el proceso participativo previsto en el Decreto 222/03.
Sanción de una nueva Ley del Consejo de la Magistratura que garantice una composición equilibrada y ecuanimidad en la representación de partidos políticos.
Sanción de un Código de Ética Judicial.
Ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas y los amicus curiae.
Transferencia de la administración de los fondos del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura, como establece el art. 114 inc. 3 de la CN.
Ampliación del control externo sobre el Consejo de la Magistratura por parte de la AGN.
- Reforma electoral
El sistema electoral argentino presenta falencias que necesitan ser resueltas para garantizar mayor transparencia.
La boleta múltiple a cargo de los partidos políticos se ha vuelto obsoleta. Muchos partidos no logran proveer de boletas en todo el territorio nacional, lo cual genera complicaciones para ellos y frustración para los votantes.
El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional Electoral, concentra cada vez más competencias electorales, a pesar de que estas deberían estar en cabeza de la Justicia Nacional Electoral.
El financiamiento de los partidos carece de los controles debidos. Las campañas se extienden por fuera de lo establecido por ley y en general se desconoce de dónde surgen los aportes que las sostienen.
Si bien se publican los telegramas del escrutinio provisorio, la Justicia Electoral no publica en la actualidad las actas oficiales de escrutinio, lo cual imposibilita el seguimiento completo de los resultados.
¿Qué proponemos?
Discusión plural, mediante un proceso colaborativo en el cual se garantice la participación de todos los actores clave.
Modificación del instrumento de sufragio: paso a un sistema de boleta única, cuya modalidad debe ser definida a partir del debate propuesto en el punto anterior.
Discusión en torno a la creación de un órgano electoral independiente.
Regulación del uso de los recursos públicos para evitar su utilización indebida de parte de los oficialismos.
Reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Regulación de la publicación de información en torno a los escrutinios provisorio y definitivo.
- Regulación de la publicidad oficial
¿Por qué es importante?
La discrecionalidad en el reparto publicitario incentiva un sistema de premios/castigos mediante el cual un gobierno puede beneficiar a medios afines y penalizar a los que considera opositores. Esto constituye una amenaza a la libertad de expresión.
Es habitual la utilización de la publicidad oficial con fines electoralistas, con el fin de promover el voto o favorecer la imagen de ciertos funcionarios en detrimento de otros.
Esto atenta contra la equidad de la competencia electoral y constituye un claro uso ilegal de los recursos públicos.
¿Qué proponemos?
Sanción de una normativa en todos los niveles de gobierno que limite la asignación discrecional de los recursos.
Restricción de la publicidad oficial en tiempos de campaña.
Prohibición de la utilización de colores partidarios para imagen institucional, así como también la imagen y nombre del funcionario.
Establecimiento de procesos de contratación de pauta oficial que sean abiertos, transparentes y no discrecionales.
Garantía de acceso a la información pública en la materia mediante la publicación de informes de rendición de cuentas de forma periódica.
- Lucha contra la corrupción
¿Por qué es importante?
La última reforma al régimen de presentación de declaraciones juradas patrimoniales (DDJJ) redujo la cantidad de información accesible públicamente, necesaria para detectar actos de corrupción.
Es dificil acceder a las DDJJ online de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y las del Poder Judicial no se encuentran publicadas.
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación no facilita la investigación de actos de corrupción de nivel nacional.
Las investigaciones de delitos de corrupción no son de libre acceso a la ciudadanía, y no se admite que las organizaciones de la sociedad civil actúen como querellantes.
Se encuentran vacantes los cargos de fiscales generales y auxiliares que colaboran con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La Oficina Anticorrupción no goza de autonomía funcional ni autarquía financiera, lo cual impacta negativamente en su independencia del Poder Ejecutivo, al que debe investigar. Además el procedimiento de designación no garantiza que sus funcionarios no sean independientes del partido político gobernante.
No existe en la actualidad un sistema Nacional de protección de denunciantes, testigos, víctimas e informantes de actos de corrupción que les brinde seguridad física y jurídica.
No se encuentra prevista la figura del arrepentido o colaborador eficaz en casos de corrupción, herramientas de suma importancia para la investigación de estos hechos, e incluso para evitar la consumación o continuación de este tipo de delitos.
¿Qué proponemos?
Reforma del régimen de declaraciones juradas para mejorar la cantidad y calidad de información accesible por la ciudadanía.
Implementación de la accesibilidad online de las declaraciones juradas en los tres poderes del Estado.
Implementación del Código Procesal Penal de la Nación en la Justicia Federal.
Inclusión en el Programa de Protección de Testigos y Denunciantes en la investigación de delitos contra la administración pública.
Incorporación de la figura del arrepentido o colaborador eficaz en la legislación nacional .
Reforma de la Oficina Anticorrupción, para dotarla de autonomía funcional y autarquía financiera, y de un régimen que asegure la designación de autoridades idóneas e independientes del Poder Ejecutivo.
Nombramiento de los fiscales adjuntos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
- Gobierno Abierto
¿Por qué es importante?
Argentina ingresó en 2012 a la Alianza para el Gobierno Abierto, y aún no se ven cambios sustanciales a raíz de su participación.
La Coordinación de Gobierno Abierto, dependiente de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, carece de jerarquía institucional y presupuesto propio para llevar adelante políticas activas de gobierno abierto.
A pesar de la existencia de un grupo de trabajo de gobierno abierto, no existe un espacio real de co-creación de políticas públicas y compromisos junto a la sociedad civil, de modo horizontal.
¿Qué proponemos?
Elaboración de un plan de acción serio y con compromisos sustanciales para la apertura y transparencia del Estado argentino.
Asignación de presupuesto y jerarquía institucional a la oficina responsable de contacto con la Alianza para el Gobierno Abierto.
Fortalecimiento de las políticas de datos abiertos, con mayor cantidad de bases de datos y mejor accesibilidad de la información.
Fortalecimiento del espacio de co-creación para la elaboración del plan de acción de gobierno abierto, incorporando propuestas de la sociedad civil.
- Transparencia del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
¿Por qué es importante?
Existe un abuso en la utilización de mecanismos de compra y contratación alternativo a la licitación pública, como la compra directa.
Esto hace al sistema poco transparente, al incrementar los niveles de discrecionalidad y reducir la publicidad de los actos, lo cual habitualmente deriva en contrataciones más costosas para el Estado.
Aún en las compras y contrataciones realizadas mediante licitaciones públicas, no es posible acceder libremente a los contratos suscritos por el Estado.
¿Qué proponemos?
Reforma del régimen legal de compras y contrataciones de bienes y servicios y de obras públicas, limitando la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos a la licitación pública.
Transparencia de la información relativa a contrataciones alternativas, incrementando la publicidad de los expedientes mediante mecanismos sencillos de acceso y visualización que permitan el control.
Publicación online y accesible de todos los contratos suscritos por el Estado en el marco de compras y contrataciones de cualquier bien, servicio u obra.
- Congreso Abierto
¿Por qué es importante?
No existe una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública que obligue al Poder Legislativo a publicar información sobre su gestión y proceso legislativo.
Al ser el Congreso el órgano que nuclea a diversos partidos políticos, resulta indispensable que rinda cuentas y brinde información a todos los ciudadanos sobre sus actividades.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado no responden los pedidos de acceso a la información pública de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Ambas Cámaras del Congreso se encuentran en un proceso judicial por negar el acceso a información pública a 4 OSC.
¿Qué proponemos?
Publicación de la ejecución presupuestaria actualizada de forma regular; del listado de empleados legislativos; de las resoluciones administrativas internas; de los canjes de pasajes; de las becas y subsidios otorgados por los legisladores; entre otros.
Garantía del libre acceso a las reuniones de comisión y sesiones plenarias en todos los casos.
Realización de audiencias públicas para garantizar la participación de diversos sectores de la sociedad en el proceso legislativo.
Modificación del Reglamento interno de cada Cámara para establecer la obligatoriedad de publicación de información administrativa.
- Integridad del Sistema de Empleo Público
¿Por qué es importante?
La organización actual de la administración pública nacional obstaculiza la construcción de un aparato estatal moderno y eficiente, con herramientas de formación y perfeccionamiento, bien remunerado y que deba rendir cuentas de su desempeño.
Las contrataciones directas con intereses políticos son moneda corriente en la administración pública. Esto genera “burocracias paralelas”, lo cual desaprovecha conocimiento instalado y duplica salarios y puestos.
La mayoría de las contrataciones en el Estado son realizadas sin seguir los procedimientos previstos para asegurar la idoneidad de los empleados públicos, como los concursos públicos de oposición de antecedentes. Como consecuencia, en esos casos no existen garantías sobre la capacidad técnica del personal público, y además suele existir una flexibilización, e incluso informalización, de las condiciones laborales.
Han existido denuncias de empleados públicos que refieren haber sido obligados a realizar actividades político partidarias bajo la amenaza de perder sus trabajos.
¿Qué proponemos?
Profesionalización de los recursos humanos del Estado mediante un Sistema Nacional de Empleo Público que garantice en todos los casos el ingreso y promoción basados en criterios transparentes y meritocráticos.
Publicación abierta de todas las convocatorias para ocupar cargos públicos y concursos.
Transparencia en materia de personal estatal, dependencia y tareas.
Formación de recursos humanos altamente especializados a través de la mejora de las escuelas específicas de administración.
Garantía de la autonomía política de los organismos autárquicos (AFIP, BCRA, Sistema de Medios, entre otros) en el Estado mediante directorios multipartidistas y necesidad de mayorías legislativas calificadas para remover funcionarios.
- Reforma del Sistema Nacional de Estadísticas
¿Por qué es importante?
Las estadísticas oficiales constituyen información pública en los términos de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y por lo tanto debe ser fiable, clara y accesible.
Son insumos esenciales para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Además son una herramienta central para que los ciudadanos puedan controlar la gestión de sus gobernantes, al evaluar el resultado de las intervenciones estatales.
Tras la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2007, se perdieron las garantías de independencia del organismo y las estadísticas públicas perdieron credibilidad.
Como consecuencia, la información publicada por el INDEC se encuentra fuertemente cuestionada. A partir de ello, consultoras privadas han publicado índices y estadísticas alternativas, con información divergente. Esto ha provocado un desconocimiento generalizado sobre cuáles son los índices y estadísticas correctos.
¿Qué proponemos?
Reforma de la Ley 17.622 (Ley del INDEC) para dotar al INDEC de autonomía funcional y autarquía financiera para fortalecer su independencia.
Implementación mecanismos de acceso al empleo en el INDEC a través de concursos públicos de oposición de antecedentes.
Publicación de todas las estadísticas e informes en formatos abiertos, descargables y reutilizables en el sitio web del INDEC.
- Transparencia Presupuestaria
¿Por qué es importante?
La falta de transparencia presupuestaria dificulta conocer en qué gasta los recursos el Estado.
Todas las etapas del ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución y control) son realizadas sin participación ciudadana, y la información publicada en cada una de ellas es limitada y poco accesible.
La Ley de Administración Financiera faculta al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a reasignar partidas presupuestarias, lo cual permite al Poder Ejecutivo decidir discrecionalmente el gasto, ignorando lo decidido por el Congreso
¿Qué proponemos?
Reforma de la Ley de Administración financiera y eliminar las facultades de reasignación presupuestaria del Jefe de Gabinete de Ministros
Sanción de una Ley Marco de transparencia presupuestaria, que establezca; altos niveles de desagregación del presupuesto; mecanismos para el acceso libre y amigable a información presupuestaria; mecanismos de participación directa de la sociedad civil en las cuatro etapas del ciclo presupuestario.
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